La 'Asociación ARAUCO 7' y otras cuatro organizaciones de la provincia de Arauco aparecen mencionadas en el Informe en cuestión, ya sea por un cumplimiento aceptable o la inexistencia de una Página Web de Transparencia como lo exige la normativa.

50 organismos municipales del país operan sin siquiera una página web en que den cumplimiento a sus obligaciones legales de transparencia activa, según detectó el Consejo para la Transparencia (CPLT) en su más reciente fiscalización correspondiente al período 2025 a organismos vinculados a municipios. Específicamente se revisó el nivel de cumplimiento de 257 instituciones: corporaciones municipales (181), asociaciones de municipalidades y junta de alcaldes (58), fundaciones municipales (8) y entidades regionales (10).

Pero la opacidad no se limita a quienes no tienen página web. La fiscalización muestra un problema más profundo: incluso entre quienes sí publican, la información clave muchas veces no está disponible o está incompleta. El resultado global lo confirma: el cumplimiento promedio de las entidades que sí publican alcanza solo un 73,7% (se asigna un 100% cuando la entidad publica de forma completa y actualizada toda la información que mandata la Ley de Transparencia).

Si los resultados se clasifican por niveles de cumplimiento, 90 organismos se encuentran en un nivel “Bajo”, con un promedio de 53,7%; 89 en un nivel “Medio”, promediando éstos un 78,6%; y 78 está en un nivel “Alto”, alcanzando un índice de cumplimiento promedio de 91,5%.

Si el análisis de desagrega por materias, las principales infracciones se concentran en la publicación de la escala de remuneraciones, con menos de un 21% de cumplimiento, seguida por información sobre participación ciudadana, presupuesto y su ejecución, y adquisiciones y contrataciones.

En este contexto, la presidenta del CPLT, Natalia González, advirtió que “cuando no existe siquiera una página donde publicar información, lo que hay es opacidad total. Y cuando la información está incompleta o desactualizada, el efecto es el mismo: la ciudadanía no puede saber cómo se usan los recursos públicos”.

“Las principales brechas se concentran precisamente en lo más relevante para el control ciudadano: cuánto se paga, a quién se contrata y en qué se gastan los recursos. Es decir, información básica que permite seguir la ruta del dinero público”. Agregó que “estos espacios no pueden quedar fuera del escrutinio. La transparencia es una condición básica para prevenir riesgos y fortalecer la confianza pública”.

Finalmente, sostuvo que “por eso estamos impulsando una propuesta de modernización a la Ley de Transparencia, con el objeto de ampliar expresamente su alcance a todo el Estado, incluidas entidades que se forman bajo el alero del derecho privado, pero que cumplen una función administrativa con recursos públicos. Hoy este grupo de entidades han sido incorporadas al sistema de transparencia, a través de un esfuerzo jurisprudencial del Consejo y la Contraloría General de la República. Sin embargo, y a pesar de una serie de fallos en su contra por parte de los Tribunales de Justicia, todavía discuten ante estos su calidad de obligadas, generando una verdadera dilación en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia”.

Desde el CPLT recalcaron que el acceso a esta información no es opcional. Es un derecho establecido por ley, y cualquier persona puede exigirlo y reclamar cuando no se cumple. Ante infracciones, el CPLT puede sancionar con multas al jefe de servicio del órgano infractor y, en ciertos casos, a todos los demás funcionarios que comparten responsabilidad hacia abajo.

Revisa el documento: Reporte corporaciones municipales, asociaciones de municipalidades y otros organismos del ámbito local y regional