La Superintendencia de Educación amplió hasta el martes 11 de agosto el proceso de rendición de cuentas, que vencía el viernes a las 23:59 horas, y que deben realizar los sostenedores de establecimientos municipales y particulares subvencionados, sobre los ingresos y gastos de los recursos públicos recibidos el año pasado, por concepto de SEP, PIE, Mantenimiento y Subvención General, entre otras.

La medida se adoptó tras acoger la solicitud de sostenedores que requerían un espacio mayor de tiempo para cumplir adecuadamente con esta obligación. En la región del Bio Bio, hay 566 sostenedores a cargo de los 1520 establecimientos que reciben aportes del Estado, los cuales deben rendir un total de 6.252 rendiciones por distintas subvenciones.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación legal y disminuir los tiempos dedicados a esta tarea, este año se abrió permanentemente la plataforma para la rendición simultánea de todas las subvenciones, para que los sostenedores pudieran hacer la declaración una sola vez y no estar cargando datos, en forma parcelada, por cada una de las subvenciones.

Al mismo tiempo, se realizaron más de 300 capacitaciones a sostenedores a nivel regional y se editaron manuales e instructivos. Debutaron, además, dos tipos de apoyo: Jornadas de acompañamiento que se realizaron en las ciudades de Chillán, Cañete, Concepción y Los Ángeles, donde equipos especializados de fiscalización asesoraron en forma personalizada a los sostenedores en materia de contabilidad, uso de recursos y manejo de la plataforma tecnológica para la realización de sus rendiciones, y se elaboraron tres tutoriales, que cuentan con más de 8 mil visitas.

El Director de la Superintendencia de Educación Dalton Campos Seguin valora el cumplimiento de este proceso por parte de los sostenedores ya que “la rendición de cuentas es muy importante porque permite transparentar el uso de los recursos, garantizar que éstos lleguen a la sala de clases y que los proyectos educativos se puedan concretar”.

La autoridad hizo ver que “la fiscalización es una herramienta al servicio del resguardo de derechos de la comunidad escolar, para una educación de calidad, a través del uso efectivo de los recursos en educación y no en otros fines, además de constatar el cumplimiento normativo en infraestructura, higiene y seguridad, profesionales idóneos, asistencia y convivencia escolar, entre otros”.